por Jaime Fernández (fotografía: Jesús de Miguel)
Tres expertas de la dirección general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, de la Agencia Española de Protección de Datos y del juzgado de violencia sobre la mujer han protagonizado la mesa redonda final del curso de verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial, “Pornografía y violencia sexual”. Las tres han puesto el acento en los graves riesgos que tiene para los niños y adolescentes el acceso temprano a la pornografía, tanto para su desarrollo cognitivo como para su salud emocional y física y el establecimiento de sus relaciones sociales. Frente a este problema, las conferenciantes apuestan por una acción conjunta de las instituciones, sin olvidar el relevante papel que ocupan también las familias.
Carmen Martínez Perza. delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y directora del curso, ha moderado la mesa recordando que, aunque “en estas jornadas se han tratado temas muy duros, es importante conocerlos para trabajar lo mejor posible, cada uno desde su propio ámbito”. Para Martínez Perza, el acceso a la pornografía en la infancia lleva a una distorsión de cómo deben ser las relaciones sexuales y crea una violencia sexual que permea toda la sociedad.
Coincide con esa idea Cira García Domínguez. magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe, quien considera que se necesita abordar el problema de una manera transversal, porque “vivimos en una sociedad pornificada en la que estamos muy acostumbrados a la erotización de la violencia”.
Opina la magistrada que “sin igualdad no hay justicia”, y que no hay forma más explícita de la desigualdad que la pornografía, “donde los hombres desean y las mujeres consienten”. Considera, además, que la pornografía y la prostitución son las caras de una misma moneda, promovida por el patriarcado y el capitalismo.
Ha explicada García Domínguez las diferentes legislaciones que existen, tanto en el ámbito internacional como el nacional, para intentar limitar el acceso de los niños y adolescentes a la pornografía, pero reconoce que es muy difícil el control legal y que hace falta una implicación de la sociedad porque “la protección penal es la última y la más insuficiente”.
En relación con la dificultad de control del acceso al porno, Mar España Martí. directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha informado de que el porno muchas veces llega de manera accidental en búsquedas inocentes por Internet, algo que ha aumentado en un 70% desde la pandemia, porque las empresas desarrollan “logaritmos del porno que buscan al usuario”.
De ese modo, el porno llega a los niños a partir de los ocho años, especialmente a través de los móviles que les regalan los padres y donde no se ejerce ningún tipo de control parental. Según España Martí, los adolescentes pasan una media de seis horas al día conectados, sin control, y eso lleva a que dos de cada tres consuman porno duro que incluye violaciones y abuso de menores. Según sus datos, el 80% de los adolescentes sufren violencia sexual digital, pero el 70% no lo denuncia. La AEPD ha creado un canal prioritario donde se da respuesta en 24 horas a las personas que sí lo hacen y se ha conseguido, en el primer año, retirar 112 vídeos con contenido sexual y privado.
Opina la directora de la AEPD, que la privacidad tiene alma, es un derecho fundamental, con el que se puede hacer mucho para evitar “una sociedad enferma y cautiva, y no podemos entregar, sin más, lo más valioso que tenemos, que son nuestros menores”.
Lucía Losoviz Adani, directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Juventud e Infancia, ha presentado la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, de 2021, como un punto de inflexión, aunque reconoce que “la ley no es todo, hay que cambiar la cultura y la forma en la que vemos a los niños y las niñas”. Un primer paso para conseguir ese cambio ha sido generar, al amparo de dicha ley, canales de participación para que sean ellos mismos los que den las pautas de cómo deberían ser los entornos seguros, tanto físicos como digitales, donde desarrollarse plenamente.
Cree Losoviz Adani que hay una demanda de la sociedad para que las instituciones públicas actúen sobre el tema del acceso al porno de los niños, que hoy se hace sin ningún tipo de filtro. Esta intervención pública se está haciendo ya a través de diferentes iniciativas como el anteproyecto de ley que exigirá la verificación de la edad para acceder a páginas pornográficas; la creación de un grupo de cincuenta expertos, divididos en siete grupos de trabajo, dentro del Ministerio de Juventud e Infancia, uno de ellos especializado en pornografía, o la prevención a través de la formación en competencias digitales.
El objetivo final, según la conferenciante, es erradicar la violencia, “aunque para llegar a eso queda mucho camino”, así que mientras tanto se irán implementando medidas como los centros Barnahus, de atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima, sin que esté tenga que ir de un lado a otro contando su agresión, revictimizándole una y otra vez.
