por Alberto Martín (fotografía Jesús de Miguel)
Rafael Gómez Gordillo, asesor de la Secretaría de Estado de Empleo, ha alertado contra los “discursos de terrorismo laboral”, la “doctrina del shock”, que invita a la clase trabajadora a rendirse, “a bajar los brazos”, ante un futuro inevitable en el que “da igual lo que hagas, porque la tecnología va a pasar por encima de ti”. Ni lo segundo es cierto –la digitalización, el empleo de la IA, “no es más que otra nueva introducción tecnológica como las que se han venido sucediendo desde la Revolución Industrial”- ni los derechos de los trabajadores tienen por qué resquebrajarse. Es más, “estamos ante una oportunidad para democratizar la empresa”, defendió Gómez Gordillo, en su participación en el Curso de Verano de la UCM “Transición digital e inteligencia artificial en el mundo del trabajo”.
Gómez Gordillo señaló que los medios de comunicación e incluso en el cine o en las series de televisión se está mostrando una situación “distópica”, que no se corresponde a la realidad. La digitalización de las empresas, incluyendo en ella la revolución que está suponiendo la introducción de la IA en sus diferentes procesos, como siempre ha pasado, supondrá “la desaparición de algunas tareas, pero no de los puestos de trabajo”. La clave, a su juicio, es que esa transición se lleva a cabo de manera justa, y no “en beneficio solo de los de siempre”. A juicio del asesor de la Secretaría de Estado de Empleo, las garantías para que esa transición sea justa están en la participación de los sindicatos, “de un movimiento obrero fuerte”, en la negociación de esas adaptaciones laborales, y en que “desde un gobierno de izquierdas se hagan leyes que impulsen que la transición sea justa. Toca facilitar –continuó- que las organizaciones sindicales, sobre todo las de clase, lleguen a más sitios y que, donde no puedan llegar, la ley garantice unos mínimos”.
No negó Gómez Gordillo que el efecto de la digitalización va a ser “universal y que todos los puestos de trabajo se verán afectados”, pero precisamente por ello, la “legislación que se deberá desarrollar debe ser universal y aplicable a todo tipo de empresas y de trabajos, incluido el teletrabajo, aunque después, por supuesto, se puedan legislar también regulaciones específicas”.
Uno de los aspectos que más preocupan en los sindicatos y también en el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Estado de Empleo es el “efecto intenso y nocivo en la vulneración de los derechos de las personas trabajadoras, y también en el privado”, de la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas. En concreto, Gómez Gordillo alertó sobre su efecto en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, que versa sobre el poder de decisión y sus formas de manifestación. La “gestión logarítmica” de los recursos humanos de las empresas, desde la propia contratación hasta los despidos de los trabajadores, debe garantizarse que se hace sin “sesgos”. Para Gómez Gordillo, el problema no es que una máquina se utilice para tomar las decisiones en las empresas, sino que sus decisiones sean las que tomaría “un varón blanco, de mediana edad, heterosexual y continuamente cabreado. El problema no es tener de jefe una máquina, sino que la máquina sea de ultraderecha”, sentenció.
Gómez Gordillo, no obstante, considera que tanto desde la Unión Europea, como desde el propio gobierno español se están dando los pasos necesarios para dar la vuelta a esta situación, incluso, en beneficio de los trabajadores. Según señaló, la conocida como “Ley Rider” ya obliga a las empresas a poner en conocimiento de las organizaciones sindicales los algoritmos que utilicen en la toma de decisiones, garantizando así el cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores sobre negociación y diálogo sindical. Esto, a su juicio, va a ser una oportunidad “para democratizar las empresas” que los trabajadores, de la mano de sus sindicatos, no puede dejar de aprovechar.
Y es que, como recordó, hasta ahora las decisiones en las empresas las tomaban sus directivos y, por supuesto, estaban llenan de sesgos, que, de hecho, rara vez, se podían demostrar, como mucho por anomalía estadística y mucho tiempo después de producirse, con lo que solo remediaba la última decisión y no todas las anteriores. Sin embargo, la utilización de la IA deja registro de cada decisión, una especie de “caja negra” a la que acudir en caso de discriminación. Para aprovechar esta oportunidad, para “por fin estar dentro de la toma de decisiones, espacios que nos han sido negados”, los sindicatos deben formar a sus delegados y asociados en esta materia. “Puede parecer complejo, pero no es nada diferente a lo que hicimos cuando llegó la previsión de riesgos laborales, y formó sobre ello a un montón de gente, o cuando los ERTEs y muchos compañeros se formaron en economía”.
