María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Española de la Magistratura, ha criticado la realidad de la división de poderes: “en la práctica no es así, porque si hay una mayoría el Ejecutivo y el Legislativo acaban siendo el mismo”.
María Jesús del Barco Martínez, presidenta de la Asociación Española de la Magistratura, ha declarado durante la inauguración del curso, que “la crisis democrática, de legitimación y el retraso constante en la administración de justicia no ayuda mucho a nuestra imagen”. Esto es, porque según ha explicado Del Barco, “el poder Ejecutivo y el poder Legislativo representan la actualidad política y tienen una legitimación directa que se da cada cuatro años”, sin embargo “el poder Judicial tiene una legitimación indirecta, representa el equilibrio de poder, en la teoría”. Esta división de poderes, ha criticado la magistrada, “en la práctica no es así, porque si hay una mayoría el Ejecutivo y el Legislativo, acaban siendo el mismo”. Analizar esta cuestión, es precisamente el objetivo del curso, que pretende, y así lo ha explicado la magistrada, abordar el encaje del poder judicial y el resto de los poderes del estado “con los equilibrios y controles que deben existir entre esos tres poderes en un Estado de Derecho, como define la Constitución Española”. El fin último del poder Judicial, ha indicado la magistrada, “es la resolución de conflictos”.
Del Barco ha criticado al Gobierno actual, y las circunstancias que rodean a la enmienda parcial de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en marzo de 2021 a iniciativa del Gobierno. En este sentido, y en la misma línea que el Consejo General del Poder Judicial, que rechaza esta medida por “contradictoria”, la magistrada ha sido contundente: “es una reforma de lo ya reformado, porque ahora viene bien: cuando digo, digo, digo Diego”. Además, Del Barco ha querido lanzar una pregunta: “¿Así es como queremos que funcione este sistema?” La LOPJ, aprobada en marzo de 2021, impide que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial con el mandato vencido. La enmienda parcial que se pretende lograr ahora permitiría que el CGPJ pueda nombrar a dos magistrados del TC.
La magistrada ha querido abordar también la cuestión de la democratización del poder Judicial, y para ello, ha aludido a las becas para “opositar a juez, fiscal, letrado de la Administración de Justicia, y abogados del Estado” que anunció Justicia a finales de abril. Estas becas suponen una ayuda de 6.611 euros anuales y en su criterio de adjudicación, ha primado la cuestión de la renta familiar. A principios de este mes, el Centro de Estudios Jurídicos, adscrito al Ministerio de Justicia, anunciaba que había recibido 862 solicitudes para acceder a estas becas.
