Texto: Alberto Martín, Fotografía: Jesús de Miguel – 5 jul 2022 10:35 CET
Cuatro tensiones seculares
Cuatro tensiones, señaló Herrero y Rodríguez de Miñón, han amenazado la convivencia en España en los dos últimos siglos. A las cuatro trató de dar solución la Constitución de 1978, y más de cuatro décadas después lo sigue haciendo. Hacen referencia a la forma del Estado: monarquía o república; a su estructura: centralismo, autonomismo o nacionalismos; a la religión: catolicismo y otras creencias, y a los derechos: formales y sociales.
La monarquía parlamentaria, que modera, intermedia y defiende si es preciso la unidad del Estado, sigue siendo, a juicio del veterano político, la mejor solución a las luchas que durante dos siglos enfrentaron a monárquicos y republicanos. A quienes hoy ven las monarquías obsoletas o rémoras del pasado, les pide pragmatismo. Hacer de la cabeza representativa del Estado otro campo de lucha político rompería el equilibrio institucional. Y es, para Herrero y Rodríguez de Miñón, la Constitución de 1978 tuvo la habilidad de crear mecanismos institucionales independientes, cuya misión final es velar por el funcionamiento del Estado. Ahí están, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional de Estadística y también la figura del Rey. “Si se trufan de militantes políticos, aunque sean mutantes, la separación de poderes no existe”, afirmó, llevando la comparación incluso a términos médicos: si el hígado de quien sufre cáncer crece desmesuradamente, el paciente muere; “si las instituciones dejan de ser independientes, la democracia muere”.
La segunda tensión que trató de rebajar el texto constitucional y sus redactores fue la religiosa. El artículo 16, de acuerdo con el ponente constitucional, “ha funcionado bien”, al garantizar la libertad religiosa a la vez que reconocía la importancia y tradición de la Iglesia Católica, reservando para ella diálogo y acuerdos concretos.
El tercer problema, y sin duda el que más quebraderos de cabeza ha causado en estas cuatro décadas largas, ha sido el de la estructura del Estado. El Estado de las autonomías “ha tenido muchos aspectos positivos” y, sobre todo, ha permitido mantener un modelo homogéneo para toda España, pese a las presiones de los nacionalismos. Los acuerdos entre PSOE y UCD, primero, y entre socialistas y Partido Popular, después han sido claves. Ir ahora hacia otro lado, abrir la reforma solo aportaría nuevas tensiones “y bastantes tenemos ya”.
Una última crítica que se hace a la Constitución por parte de determinados sectores es la diferenciación que hizo entre los derechos formales y los sociales, garantizando los primeros y solo reconociendo los segundos. A juicio del ponente constitucional, entonces y ahora, la lógica sigue diciendo que la libertad de opinión o la inviolabilidad del domicilio es algo que se puede exigir a un tribunal, mientras que el derecho al trabajo o a la salud no depende de un juez que se hagan efectivos, sino de otros muchos condicionantes. La Constitución lo que hizo fue enumerar y reconocer esos derechos sociales para que inspirasen la práctica de los tribunales, pero no para que fuesen alegables directamente ante ellos. “Ahora se está poniendo esto en tela de juicio, pero para mí es un disparate querer igualar derechos formales y sociales”, aseveró.
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón reconoce que la Constitución pese a sus esfuerzos no ha conseguido que estas tensiones hayan desaparecido, pero sí que se hayan encauzado. Cree que a día de hoy emprender otros caminos no es recomendable, por lo que se declara “acérrimo adversario, que no enemigo”, de la reforma de la Constitución. No obstante, recuerda, que “nuestra constitución no es una democracia militante”. Es más, “protege a todas las opciones políticas, incluso las que quieren reformarla o destruirla. Pero tiene sus trámites: no se puede hacer voceando en la plaza, hay que hacerlo ganando los votos y eso tiene sus trámites”, concluyó.
